Sobre la urgente necesidad de repensar la Movilidad Urbana

10 de noviembre de 2020

Richard Mamani Calizaya

Constantemente se habla del retorno a una “nueva” normalidad en ciudades acumuladoras de precariedades físicas y sociales que reproducen prácticas tecnofuncionalistas. El hecho de haber girado la mirada hacia los problemas urbanos presentes no cambiará la situación en el corto plazo, mucho menos con la implementación de medidas de prevención en el espacio y el transporte público, que repiten modelos aptos para realidades ajenas a la nuestra, hoy llamadas “innovadoras”.

La pandemia actual visibiliza las condiciones precarias en las que vive la mayor parte de los habitantes de nuestras ciudades, quienes exigen, sin ser escuchados, medidas efectivas para la reducción de desigualdades territoriales que las caracterizan desde hace mucho tiempo atrás. El actual escenario debería permitirnos recapacitar en la urgente necesidad de construir una ciudad con justicia y equidad territorial. Mucho más si consideramos la estrecha relación entre la función pública y grupos clientelares afines, quienes anteponen sus intereses particulares sobre el bien común, con prácticas características de una planificación urbana despilfarradora de recursos que elabora planes y proyectos intrascendentes y que a la vez provocan desigualdades, desequilibrios e inequidades acumuladas en el espacio urbano y el territorio.

En este contexto, si bien existen un sin número de proyectos e iniciativas orientadas a la transformación de la movilidad urbana a escala municipal y metropolitana que podrían ser implementados en el corto plazo, como lo han hecho muchas ciudades de la región y del país, lo cierto es que los intereses particulares del transporte sindical y libre parecen imponerse para retomar las calles y hacer más de lo mismo, oponiéndose como siempre a la posibilidad de implementar cualquier otra modalidad de transporte urbano.

La escaza voluntad política y falta de coordinación intermunicipal es otro de los principales obstáculos para la ejecución de nuevos proyectos, muchas veces surgidos a partir de iniciativas ciudadanas.

Hoy por hoy, la gente ha tomado las calles, las bicicletas van y vienen aun cuando no existe la infraestructura segura que garantice su desplazamiento en la ciudad.

¿Acaso no es posible salir a las calles en bicicleta sin miedo a perecer en el intento? Los “dueños” de la ciudad, hoy se encuentran parados, no los detuvo la ley ni la fuerza pública, fue la pandemia y este puede ser el momento más efectivo para la transformación radical de la movilidad urbana, más allá de argumentos de deleite y cuidado que no trascienden en acciones efectivas frente al cambio climático con justicia espacial, social y ambiental.

El ingreso a una cuarentena dinámica nos permite reclamar la urgente necesidad de un nuevo sistema de transporte; tranvía urbano, bus rápido, bicicleta como medio para la búsqueda de justicia en las ciudades. Un sistema inclusivo que incremente las posibilidades de transporte para quienes más lo necesitan, sin sobrecargar determinadas zonas de la ciudad. En ese sentido, debemos exigir la conclusión del tranvía urbano en el área metropolitana, la recuperación del espacio público para la circulación segura del peatón para posibilitar ciudades más caminables junto a la implementación de ciclovías en las ciudades como medida de prevención, de ejecución pronta, acorde a nuestro contexto.

Necesitamos apretar el botón de reinicio a las formas tradicionales de hacer ciudad para alcanzar una ciudad sostenible que genere una alternativa diferente al transporte público-privado, atomizado, invasor y contaminante que recorre nuestras calles privatizando para sí el espacio público. No queremos fragmentos de ciclovía, queremos un sistema metropolitano funcional y conectado como inicio de una intermodalidad en el transporte urbano, porque ciudadanos somos todos, los del centro y la periferia, los de toda el área metropolitana.

Si no es posible esta transformación para acceder a una ciudad más justa desde la función pública, el otro camino a seguir será tomar la “iniciativa ciudadana” y el “deber de acción”, entendiendo a este último como la reinvención de la ciudadanía para la integración de los territorios a la ciudad, tomando los principios del derecho a la ciudad y del derecho al espacio público.